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Lecciones de un día de septiembre de 1977
Jesús Gualdrón Sandoval
Se cumplen ya 35 años de la realización de la que con seguridad puede denominarse la más importante movilización de lucha del pueblo colombiano en la segunda mitad del siglo veinte: el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977. La conmemoración de esa gesta popular adquiere mayor importancia si tomamos en cuenta los tiempos que corren. La exigencia actual del logro de la unidad en el campo popular, de la convergencia de las reivindicaciones de sus diversas vertientes y expresiones organizativas y de la necesaria politización de sus luchas, aconseja volver la mirada sobre un hito histórico que demostró la fortaleza, la decisión y la beligerancia que pueden -y deben- alcanzar las luchas de los trabajadores. El paro de septiembre del 77 tiene la característica principal de haber sido de naturaleza cívica, esto es, de haber integrado en un solo torrente unitario a los trabajadores sindicalizados y representados por las cuatro centrales existentes en la época -CSTC, CGT, CTC y UTC- con los sectores independientes del sindicalismo, las organizaciones barriales y comunales, los gremios de profesionales, las organizaciones campesinas, los estudiantes y -salvo algunas excepciones- con los diversos partidos de la izquierda política. En esa medida, las reivindicaciones sectoriales adquirieron mayor trascendencia, convirtiéndose en banderas compartidas por todos, creando un verdadero sistema de vasos comunicantes entre los diversos canales del movimiento popular1, en un proceso que fue radicalizándose en la medida en que el gobierno hacía caso omiso de las exigencias populares. Estas mismas circunstancias, como nos lo recuerda Arturo Alape en su libro de testimonios sobre aquella jornada, se translucen en su propio desarrollo, en un proceso organizativo, desde meses atrás, eliminando cualquier circunstancia espontánea en su preparación (...) Esa preparación está dada en la agitación de la idea en los barrios, en las fábricas, en los colegios, en las universidades. Es, en principio, el trabajo de los activistas políticos y sindicales para ganar particularmente a las organizaciones barriales.

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El desafío del cambio de rumbo en el Polo Democrático Alternativo
Daniel Libreros Caicedo
La Conferencia Ideológica Nacional del PDA -celebrada durante los días 27 y 28 de Julio- ha sido un evento significativo en medio de profundos procesos de lucha y movilización social. Estuvo atravesada por diversas paradojas y tensiones internas. Presionado por las bases, el Polo, después de un largo período de impedimentos burocráticos para desarrollar los espacios de discusión política, confirmó la crisis política de la dirección -Comité Ejecutivo Nacional-, que agotó las reservas de credibilidad ante la población guardando silencio cómplice frente al gobierno neoliberal y corrupto de Samuel Moreno Rojas y que ha reducido su actuación al control del aparato del partido y al ejercicio de la oposición parlamentaria. Efectivamente, el Comité Ejecutivo no presentó un balance de actividades, como tampoco asumió la tarea de comprender las dimensiones y responsabilidades de la crisis. Fue evidente su indiferencia en los debates de las comisiones y de las plenarias, y no reconoció ninguna responsabilidad por los errores cometidos. Este comportamiento de indiferencia intenta desconocer la magnitud de la crisis e impedir el “cambio de rumbo” del Polo, cual era el lema de la Conferencia Ideológica. El propósito de generar el giro político necesario, ante la sociedad, ante y con el pueblo, fue postergado; no obstante, sigue abierto el desafío de comprender las nuevas realidades políticas y las nuevas exigencias de la lucha social y democrática. Pese a la lógica inercial, en la Conferencia Ideológica se hicieron presente con su voz y sus propuestas un significativo número de expresiones regionales, territoriales, sociales, comunitarias, socialistas y democráticas.

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Izquierda y acción política en Colombia

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A manera de presentación

La cadena de episodios que dio al traste con la proyectada reforma a la justicia por parte del gobierno de Santos puso una vez más en evidencia el carácter estructural de la crisis del Estado colombiano y, en especial, de sus rasgos criminales, mafiosos y corruptos. Y no precisamente porque se hubieren presentado diferencias de fondo entre los propósitos gubernamentales y los perseguidos por los sectores mayoritarios del Congreso. Debe recordarse que el corpus de la reforma había sido el resultado de los acuerdos entre las diferentes facciones que conforman el gobierno de la Unidad Nacional. Los agregados de última hora, práctica consuetudinaria en el Congreso, servirían de disculpa para salirle al paso a lo que había sido el propio engendro del gobierno nacional. En el desenlace de estos vergonzosos hechos, las reiteradas denuncias de sectores progresistas y de izquierda, de algunas organizaciones no gubernamentales, de intelectuales y productores de opinión y, en general, de organizaciones del campo popular jugaron un papel central. La reforma cayó, en realidad, gracias a la amplia movilización social. Fue debido a ese accionar colectivo que el presidente Santos se vio obligado a última hora a aparecer como adalid de la pulcritud y víctima de un engaño. Lo que seguiría sería la farsa y la comparsa: el entierro de la reforma. Aún está por verse qué tan exitosa pudo haber sido esta masiva operación mediática de lavado de fachada. Y, sobre todo, cómo serán los relacionamientos entre el Ejecutivo y el Congreso en la legislatura que se viene a partir del 20 de julio, en la que el gobierno tiene fincadas sus esperanzas para sacar adelante aspectos claves de su política neoliberal en materia tributaria, agraria, minera, pensional, entre otros. Más allá de ello, todo este espectáculo llama a otra reflexión. Se trata de la necesidad de producir el cambio político que permita emprender las transformaciones estructurales económicas, políticas, sociales y culturales que requiere el país. Y eso pasa, desde luego, por el entendimiento de la política, de la acción política, y por el examen de las condiciones y posibilidades en el campo popular.

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¿Marco jurídico para la paz o paz con justicia social?
Jairo Estrada Álvarez
La probable aprobación por parte del Congreso del llamado marco jurídico para la paz viene siendo presentada en la opinión pública como la mayor concesión que podrían hacer las clases dominantes para contribuir a una salida política al conflicto colombiano. Su apoyo irrestricto por parte del gobierno se considera al mismo tiempo como una muestra contundente de la voluntad de paz del presidente Santos. El hecho que el proyecto haya sido consultado con Kevin Whitaker, subsecretario de Estado para América Latina del gobierno de Obama, y con José Manuel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, le concede a la iniciativa una connotación relativamente inusitada: se habría recibido la bendición de dos importantes instituciones de la política exterior del establecimiento estadounidense. Por otra parte, la oposición de sectores militaristas y de ultraderecha, incluido el expresidente Uribe con sus maniobras de última hora, le da unos ribetes adicionales. Si se oponen éstos, debe ser porque algo grande está en curso.

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Marcha Patriótica y perspectivas del campo político
Sergio de Zubiría
Con entusiasmo y expectativas, la Marcha Patriótica emerge en el escenario político colombiano. Cerca de cuatro mil delegados, mil setecientas organizaciones sociales y más de noventa mil marchantes han ungido, entre el 21 y 23 de abril, el nacimiento de este movimiento social y político. Su ideario está plasmado en cinco documentos teóricos que expresan importantes discusiones en las distintas regiones del país desde hace más de ocho meses. Se han tomado decisiones colectivas sobre la naturaleza, la plataforma política, la estructura organizativa, la caracterización del régimen colombiano y el plan de trabajo. Buen augurio que se inicie este proceso haciendo llamados a la reflexión y el enriquecimiento de la acción política.
Algunas de las orientaciones sobre la naturaleza y carácter de la Marcha contienen perspectivas importantes para potenciar el campo de la política de izquierda en Colombia. Por ello, hay que destacar la estrecha ligazón entre lo social y lo político como el sendero para refundar el sentido de lo político: “Marcha es el lugar de encuentro de múltiples procesos de organización, resistencia y lucha que han decidido hacer suyo el ejercicio de la política y aspira a ser una expresión organizada del movimiento real de las resistencias y luchas de las gentes del común...”, expresa la Declaración Política. Un escenario unitario de articulación de las luchas sociales y populares. Este nexo entre lo social y lo político pasa por la búsqueda de la más amplia unidad de la izquierda y convoca al PDA, al Congreso de los Pueblos, la Minga social e indígena, la Coordinadora, el Comosococ, la MANE y otras fuerzas de distinta naturaleza a la consolidación de acuerdos programáticos y agendas comunes.

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El 9 de abril: presente continuo
Jesús Gualdrón
"e;La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció la desaparición forzada y asesinato de Manuel Ruíz, de 56 años, miembro del Comité de Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, cuenca de Curvaradó, y su hijo Samir De Jesús Ruíz Gallo, de 15 años, por paramilitares que actúan en el territorio de Curvaradó…"e; (Caracol Radio, edición digital, 28-03-2012). Manuel Ruíz era un reclamante, dicen los medios, o sea, un luchador por la recuperación de las tierras que impunemente les han sido arrebatadas a millones de colombianos a sangre fuego a lo largo y ancho del territorio colombiano.
Manuel y Samir son víctimas de la violencia, de aquella misma que ha sido el instrumento para la expropiación forzosa y la acumulación de propiedades agrarias en manos de terratenientes hermanados con el poder político y militar. Violencia que no ceja, que ya se había hecho monstruosa aún en vida de Jorge Eliécer Gaitán, y contra la que él clamara con la vehemencia propia de su verbo poderoso y su fuerza encarnada en cientos de miles de hombres y mujeres a los que él interpretaba.

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La paz no es solamente la ausencia de la guerra
Jesús Gualdrón
El 20 de febrero de 2002 se dan por terminados los diálogos que -en medio de grandes contradicciones y vicisitudes- habían tenido lugar en el Caguán desde comienzos de enero de 1999 y que vistos de manera estricta no constituyen, en realidad, una negociación, en tanto las partes no lograron construir una agenda que permitiera su avance en dirección a la solución de los grandes problemas estructurales que subyacen a la existencia del conflicto. Por el contrario, los asuntos trascendentales, tales como los relativos a la solución política del conflicto, la soberanía nacional, la ampliación de la democracia participativa en detrimento del clientelismo, el respeto y práctica consecuente de los derechos humanos y de los derechos de la oposición política y la movilización popular, el desmonte y castigo del paramilitarismo, el modelo económico, la reforma agraria, los recursos naturales, etc., no fueron considerados por el Gobierno como puntos que pudieran hacer parte de una agenda de negociación con la insurgencia: “Para el Gobierno nada de lo sustancial es negociable” (Entrevista con Manuel Marulanda, Voz, mayo de 2000).
Los dignatarios del gobierno de Pastrana -y él mismo- reconocen la improvisación con que llegaron a la mesa de diálogo y la existencia de una agenda paralela que el entonces negociador, Fabio Valencia, define en los siguientes términos: “Así la guerrilla, de alguna manera, se estuviera fortaleciendo, el Estado también tuvo más tiempo para reestructurar las Fuerzas Militares, dotarlas con armamento más sofisticado y darle moral en el combate. El Presidente Pastrana, muy hábilmente, a medida que eso se fue prolongando, le dio un gran impulso al Plan Colombia y un gran fortalecimiento de las Fuerzas Militares” (El Colombiano, 02/03/2012, edición digital). Por tanto, no puede aceptarse simplemente la interpretación unilateral según la cual fueron las FARC las que se aprovecharon de la coyuntura para su propio fortalecimiento. Al terminar ese periodo, el régimen había logrado no solamente los propósitos antes enunciados, sino la deslegitimación internacional de la insurgencia armada, su caracterización como grupo terrorista y la generación de un ambiente político interno favorable al escenario de los gobiernos liberticidas de Uribe Vélez que vinieron a continuación.

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Pedidos presidenciales
Jairo Estrada Álvarez
En estas últimas semanas ha salido a flote, y con mucha fuerza, uno de los aspectos centrales de la situación colombiana: ¿cómo enfrentar la cuestión de la guerra y una posible (y necesaria) solución política? Y de manera concomitante, ¿cuál es el papel que puede (y debe) ejercer la sociedad? Se han escuchado incluso pedidos presidenciales al respecto.
La respuesta a esas preguntas está atravesada por la misma dinámica de la guerra. Y habría que decirlo con franqueza: la extensión de la lógica militar al ejercicio de la política y, en un sentido más amplio, la extensión de la estrategia militar a la vida social, incluida la llamada guerra sicológica, han conducido a que quienes manifiestan la urgencia de una solución política y la necesidad de explorar caminos en ese sentido sean catalogados como amigos agazapados de la insurgencia y simples fichas de su persistente accionar.

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