No. 7. Diciembre de 2010
¡El Estado no es usted!
Jesús Gualdrón Sandoval
El asilo es un derecho de cualquier ciudadano perseguido por razones políticas y/o ideológicas. Es una práctica internacional que apunta a la protección de quienes son hostigados y amenazados por un Estado y sus instituciones en razón de sus convicciones o por hacer uso de los derechos básicos que la comunidad de naciones considera dignos de ser salvaguardados. En ese sentido, constituye una institución de carácter político que puede asumir una modalidad diplomática o territorial, y no es aplicable, en consecuencia, en aquellos casos en los que lo que se persigue es un delito común, un acto criminal contrario a la ley del país de origen de la persona que invoca este derecho.
Por ello, nada más justificado que la profunda indignación expresada por la opinión democrática latinoamericana, en primer lugar, por la panameña, contra la concesión de asilo territorial por parte del gobierno de Martinelli a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, a quien la justicia colombiana investiga por su participación en delitos, tales como violación de comunicaciones y concierto para delinquir. Estos delitos, cometidos durante el pasado gobierno de Álvaro Uribe, se inscriben dentro de una enorme gama de violaciones de la legalidad colombiana, de atropellos contra las cortes de justicia, de deslegitimación calculada meticulosamente de la oposición política y de persecución a periodistas independientes, cometidas en el entorno inmediato del entonces Presidente por una elite de funcionarios arbitrarios, que ahora pretenden –recurriendo a la figura del asilo– escapar a la acción de la justicia y presentarse como víctimas a quienes se les restringe su derecho al debido proceso.
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